La conversión hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) representa un desafío para todos y cada y uno de los operadores del sistema en el ámbito federal y en las entidades federativas. No obstante, el reto en particular para la Procuraduría General de la República (PGR) tiene varias implicaciones entre las cuales se destacan tanto los cambios y adecuaciones a los modelos de gestión y de trabajo de las unidades de investigación y control de procesos, como el desarrollo de la profesionalización y competencias necesarias de los operadores sustantivos, sin dejar de lado los ajustes y reacomodos de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información.


Cabe hacer mención que el plazo temporal para cumplir con la obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es de 8 años contados a partir del día que se publicó la reforma. Es decir, la fecha límite para que la PGR y, en general, todas las instituciones que conforman el SJPA funcionen acorde a la reforma es el 18 de junio del 2016.

Este hecho no es un dato menor, pues la implementación significa modificar patrones de conducta y prácticas institucionales, fijar las normas y procedimientos que regulen la operación del nuevo sistema, readecuar espacios físicos y dotar del equipo necesario para apoyar las labores del Agente del Ministerio Público de la Federación, la policía de investigación, los peritos y el personal auxiliar sustantivo. En este sentido, la PGR juega un papel clave en esta transformación, pues es una institución referente a nivel nacional.

En ese sentido, la debida implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se erige como un Eje Transversal puesto como soporte de la gestión de la C. Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y cuyos beneficios se verán reflejados en el establecimiento de una procuración de justicia eficaz y eficiente, con pleno respeto a los derechos humanos, así como una debida transparencia y rendición de cuentas.