Durante la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, realizada el 10 de octubre de 2014, en la ciudad de Aguascalientes, se suscribió la “Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres” y, se creó la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Durante ese encuentro, el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, estableció la instrucción presidencial IP-321, mediante la cual instruyó a la Presidenta del Inmujeres celebrar convenios de colaboración y definir metas a alcanzar en colaboración con cada una de las 32 entidades federativas.

El objetivo de los convenios es impulsar acciones específicas de planeación, organización y desarrollo en la entidad, encaminadas a fortalecer los Sistemas Estatales de Igualdad y de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, procurando su participación activa y programática en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

 

A través de estos instrumentos jurídicos se busca:

  • Coordinar las acciones de cooperación que permitan transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género en la política estatal con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la de prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres.
  • Fortalecer los marcos normativo y programático y se adoptarán políticas, programas, proyectos e instrumentos adecuados.
  • Llevar a cabo medidas especiales como acciones afirmativas para el cumplimiento de la Política Nacional en los términos y competencias que se establecen en los ordenamientos en la materia.

 

Para la adecuada instrumentación de los Convenios, el INMUJERES:

  • Brinda asistencia técnica a la entidad para el cumplimiento del objetivo y compromisos previstos en el convenio.
  • Coadyuva en el fortalecimiento de los mecanismos para transversalizar la perspectiva de género en la entidad federativa y los municipios, con énfasis en acciones que permitan la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y en materia de empoderamiento económico, desarrollo humano y bienestar social, participación política y en la toma de decisiones, prevención, atención, sanción, y erradicación de la violencia, en los gobiernos estatales y municipales.