El desarrollo sostenible es definido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como: “el progreso capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

Y es así que al terminar el periodo de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en septiembre de 2015, más de 180 estados miembros de la ONU acordaron un nuevo plan de acción para enfrentar los más grandes retos globales, procurando de manera sistemática (entre otras metas) a que millones de personas escaparan de la pobreza extrema, a combatir el hambre, a facilitar que más niñas asistieran a la escuela, y a proteger nuestro planeta.

Por ello, desde este organismo internacional, se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) insertos en la Agenda de Desarrollo 2030, como un plan de acción a nivel mundial estableciendo 17 objetivos que abarcan las esferas  y ámbito de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

Entre los objetivos destacan poner fin a la pobreza, erradicar el hambre, reducir la desigualdad, consolidar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; promover instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los órdenes de gobierno, entre otros.

Y aquí es donde a pesar de los notables logros, el incremento de las brechas y disparidades persiste en cuanto a las oportunidades de desarrollo, pues si bien el gobierno es el último encargado de que esto suceda, las estructuras de los sistemas políticos no son más fuertes que su eslabón más débil.

Nuestro país no es la excepción pues, aunque la conformación del marco jurídico mexicano muestra que los gobiernos locales también se encuentran sujetos a la observancia del marco normativo internacional, y por tanto al cumplimiento de las metas de los ODS, el cumplimiento de dichos objetivos se complica dado a lo reducido de las capacidades institucionales.

El principal de los retos es que todo el personal de la administración pública, sobre todo en el orden municipal, conozcan y contemplen transversalmente los ODS en su actuar, priorizando sus necesidades y políticas públicas en función de aprovechar al máximo sus características y vocaciones, a fin de mejorar la calidad  de vida de la ciudadanía, preservando el medio ambiente y la prosperidad.

Resulta clave para lo anterior, la articulación de las acciones y mecanismos desarrollados por los municipios,  así como su vinculación eficiente a los recursos de los otros órdenes de gobierno. Se cuenta para ello como principales instrumentos de acción, la coordinación plural para el respeto a lo relacionado con la transversalidad de los derechos humanos, con políticas públicas inclusivas diseñadas desde una agenda que satisfaga las exigencias inmediatas sin comprometer las necesidades futuras.

Lo anterior es vital, pues nada de lo que hagan los gobiernos por sí mismos, sin la participación de los demás actores, será suficiente. Pues el futuro que veíamos lejano está inmediato, poniéndonos a una prueba irrechazable a cumplir en tan solo quince años, que sobra decir transcurrirán de manera acelerada.

#BlogdelCoordinador Dr. Guillermo Deloya Cobián 

Columna publicada en El Sol de Puebla