Durante la década de los setenta, la política de población en México dio un viraje significativo, pues pasó de una marcada tendencia poblacionista, a la formulación de un mapa de ruta basado en la necesidad de frenar el incremento poblacional a través de la planeación familiar. Para ello, se requería una nueva Ley de Población y, en particular, un artículo que elevara a rango constitucional el derecho a la planeación familiar. Así, en la formulación del artículo 4° se plasmaron los valores de igualdad entre mujeres y hombres, de protección integral de la familia, y el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de hijos e hijas, lo que colocó a México a la vanguardia de las políticas de población y desarrollo, así como entre los países promotores de los derechos humanos, que reconocían los derechos de las mujeres.