Se trata de la primera ocasión en la historia de México que se realiza una propuesta de esta magnitud para superar los rezagos y aprovechar el potencial productivo y ventajas logísticas de la región, a través de un nuevo modelo de desarrollo para el sur del país.

Se pondrán en marcha políticas públicas para fortalecer el capital humano y promover la innovación; una estrategia de seguridad preventiva y operativa, y se construirán proyectos de comunicaciones e infraestructura energética.

Conforme a sus características particulares y vocaciones productivas, cada Zona Económica Especial podrá ofrecer: beneficios fiscales directos, tanto a la inversión como al empleo; un régimen aduanero especial; facilidades adicionales para el comercio exterior; un marco regulatorio que agilice la apertura de empresas; infraestructura suficiente y competitiva, que asegure el abasto de energía y conectividad logística con el resto del país y los mercados internacionales; también se ofrecerá financiamiento especial a través de la Banca de Desarrollo; apoyos a la capacitación laboral y a los procesos de innovación tecnológica; y una moderna planeación urbana y desarrollo ordenado de viviendas en el área de influencia.

Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, habló de lo que están haciendo para generar actividad industrial en esta región.

¿En qué condiciones se encuentran las zonas económicas actualmente?

R. No estamos empezando de 0. En las zonas económicas ya hay una infraestructura básica y actividad comercial. El año pasado hubo cerca de 3 mil millones de pesos que se invirtieron en las zonas y hoy se está discutiendo un paquete de 2 mil millones, que nosotros, con la Secretaría de Hacienda estamos revisando para poner el dinero en donde tenga el mayor impacto, y que, en el 2017, se hagan las obras necesarias para poder seguir avanzando, en todo el paquete de infraestructura que ya se determinó (73 proyectos), para desarrollarse en 10 años.

Es necesario aclarar que ya tenemos bien identificados los proyectos, cuántos son y cuánto cuestan y cómo lo debemos priorizar y eso es lo que estamos hablando con la Secretaría de Hacienda y con el Congreso.

*Consulta el artículo completo en la Revista Mundo del Trabajo No. 123