Conducir las políticas, estrategias y programas en materia de protección y asistencia a solicitantes de refugio, refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria, en apego a la legislación nacional, acuerdos internacionales establecidos por el ejecutivo federal e instrumentos internacionales en la materia, para garantizar el respeto de los derechos humanos de esta población en México.