Si bien la Constitución de 1917 fue consecuencia de las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales en que se desarrolló, los hombres que formaron parte del constituyente de Querétaro fueron más allá y rebasaron las propuestas delineadas por Venustiano Carranza, y en sólo dos meses no sólo hicieron reformas a la Carta Magna de 1857 sino que ahondaron en temas de carácter social, entre ellos el de una verdadera separación entre el Estado y la Iglesia; y la cuestión, agraria, educativa y laboral que llevó a nuestra Carta fundamental a ser la primera Constitución social en el mundo.

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Con los principios plasmados en la Constitución de 1917, México inició su arduo proceso de reconstrucción nacional, lo que implicó cimentar un nuevo régimen social, económico y político que diera un nuevo rostro al Estado mexicano. Uno moderno y democrático, que se tradujo en estabilidad política y social. Sin embargo no fue sencillo. Nuestro país atravesó una turbulenta etapa para que los preceptos emanados de la revolución y plasmados en la Constitución, se cristalizaran.

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En los años que van de 1919 a 1928, fueron asesinados los principales caudillos e ideólogos de la Revolución mexicana: Otilio Montaño, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Aunado a ello, las empresas trasnacionales condicionaron el reconocimiento del gobierno emanado de la revolución a que el artículo 27 constitucional no tuviese efectos retroactivos. Por su parte, el clero se opuso a los artículos 27 y 130, lo que desembocó en la guerra cristera.

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Este periodo convulso fue superado y en la década de los 30 se llevaron a la práctica los preceptos constitucionales: expropiaciones (latifundios, ferrocarrilera, petrolera), el reparto agrario, la protección a la industria y mejoras sociales (salud, vivienda y educación), medidas que beneficiaron a amplios sectores de la población.

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Con la aplicación de los principios de nuestra norma suprema se cumplieron las aspiraciones populares y a pesar de las más de 600 reformas que se le han hecho, no ha perdido su vigencia, pues es una norma viva que no sólo regula el Estado, sino que da fuerza a una serie de anhelos de nuestra sociedad. Propuestas que deben ser una obligación del Estado ponerse como propósito cumplir.

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“El gran avance de la Constitución de 1917 —señaló Jorge Carpizo—, es que con sus logros y aciertos, y también, con sus habilidades y fallas, han fortalecido el régimen democrático, el cual era extraordinariamente débil e incipiente cuando fue promulgada (…) pero es, indudablemente, que su principal desafío se encuentra en alcanzar su tesis fundamental: la justicia social”.