El 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron a las urnas por vez primera, dos años después de que se reformó la Constitución y se otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. En dichas elecciones federales salieron electas las primeras diputadas federales. En 1964 se eligieron a dos senadoras, y en 1979 Griselda Álvarez fue electa para gobernar Colima. La primera en ostentar un cargo tan importante.
Si bien las mujeres participaron de manera significativa en la contienda revolucionaria de 1910, cuando ésta terminó y se redactó la Constitución de 1917, los constituyentes les negaron sus derechos políticos “argumentando que sus intereses estaban dentro del hogar y la prueba era que no había ningún movimiento que lo solicitara”, señala la investigadora Enriqueta Tuñón Pablos.
No obstante, hubo excepciones. Tal es el caso del general constitucionalista Salvador Alvarado, quien siendo gobernador de Yucatán organizó, en enero de 1916, el Primer Congreso Feminista al que asistieron 617 delegadas, donde destacó la participación de Hermila Galindo —secretaria de Venustiano Carranza—, quien junto a Edelmira Trejo llevaron al Constituyente la demanda del voto para las mujeres. Y no sólo eso, sino que encabezaron a un grupo de mujeres que se manifestó por el derecho al sufragio a las puertas del Teatro Iturbide de Querétaro, donde sesionaba el Congreso. Sin embargo, “los constituyentes fueron tajantes al afirmar que «en las condiciones en que se encuentra la sociedad mexicana no se advierte la necesidad de conceder el voto a las mujeres»”, según cita Tuñón Pablos.
En la década de los veinte, tres estados: Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas dieron el voto a las mujeres a nivel local, lo que llevó a algunas mujeres a ser elegidas diputadas. Sin embargo, la experiencia concluyó cuando los gobernantes que las postularon salieron del poder, con la excepción de la entidad chiapaneca. Un caso a destacar es que durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto tres mujeres fueron electas diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce. Además, Rosa Torre fue elegida regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, en 1924, al ser asesinado el gobernador yucateco por la rebelión delahuertista, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos.
En 1937 —según refiere Norma Inés Aguilar León—, Lázaro Cárdenas insistió en la necesidad de reformar el artículo 34 Constitucional, para “concederle a la mujer plenitud jurídica en sus derechos políticos y de esta manera (…) «lograr que se repare la grave injusticia que despoja a la mujer mexicana de derechos substanciales, y en cambio, le impone todas las obligaciones de la ciudadanía»”. En ese sentido la iniciativa presentada por Cárdenas siguió su curso legal. En 1938 ya había sido aprobada, faltaba sólo la declaratoria correspondiente y su publicación en el Diario Oficial. No obstante se temió que se repitiera la experiencia española de 1933, cuando al votar las mujeres por primera vez, le dieron el triunfo a los conservadores, sumado a la próxima contienda electoral en la que se creyó que al otorgar el voto a las mujeres éstas votarían por el general Juan Andrew Almazán, opositor del candidato oficial: Manuel Ávila Camacho.
Tras varios años de lucha, en 1946 las mujeres consiguieron que la Cámara de Diputados aprobara la adición al artículo 158, que les concede el derecho a votar y ser votadas en el ámbito municipal. Aunque tuvieron que pasar siete años más para que se les reconociera la plenitud de sus derechos y garantías ciudadanas a nivel federal.
